El Gobierno anunció un nuevo sistema para 'transparentar el proceso de gestión' de las pensiones no contributivas para personas con discapacidad laboral, pero aprovechará la implementación para revisar los casos en los que los beneficiarios no cumplen con los requisitos. El Ejecutivo puso así la lupa sobre una de las áreas con gran cantidad de recursos asignados, luego de que congeló los subsidios a las garrafas del Plan Hogar y las becas para estudiantes del Progresar.

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La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) puso en marcha el Circuito de Confección de Certificados Médicos Oficiales (CMO) digital para aquellas personas que, a partir de ahora, realicen el trámite para acceder a la pensión no contributiva por invalidez laboral.

Desde la agencia, encabezada por Santiago Ibarzábal, negaron que hayan ideado el nuevo sistema para recortar las pensiones, aclararon que 'no implica ninguna baja automática' y aseguraron que permitirá 'dotar de mayor transparencia al proceso'.

Detrás de eso existe un fondo de $114.000 millones a repartir este año entre 1.044.000 beneficiarios, según le informaron desde el organismo a TN.com.ar. Eso representa el 5% de lo establecido en el Presupuesto 2019 a la Seguridad Social, que a su vez significa el 60,8% del total del gasto público nacional.

Un beneficiario recibió $6.516 en febrero y en marzo tendrá $7.287, conforme los aumentos dispuestos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones. Las personas que viven en 'zonas desfavorables', como los habitantes de Carmen de Patagones (Buenos Aires), La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego cobran un plus del 40%.

De ese universo, la Andis ya detectó alrededor de 10.000 casos irregulares: algunos porque hacía tres meses que no se presentaban a cobrarla, otros porque vivían en el exterior y varios incluso porque tenían trabajo, cuando uno de los requisitos obligatorios es justamente 'poseer una discapacidad laborativa total y permanente'. Desde el organismo, de todas maneras, insistieron en rechazar de que el Gobierno busque un ajuste encubierto.

En junio de 2017, cuando el área dependía de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino eliminó 70.000 asignaciones sin previo aviso al endurecer los requisitos. El Gobierno finalmente desplazó al funcionario, dio marcha atrás con la medida, le sacó la responsabilidad al Ministerio de Desarrollo Social, creó la Andis, se la encargó a la Secretaría General y la vez le dio participación a la Vicepresidencia de la Nación.

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Como sea, el beneficiario de ahora en más deberá realizar la renovación del certificado, tramitarlo en cualquier hospital público y pedir la documentación aprobada con la firma digitalizada del médico -con matrícula provincial o nacional- y del director del establecimiento. Los que la iniciaron anteriormente en formato papel no tendrán que hacerlo.

El año recién empieza, pero ya es el tercer lugar donde el Gobierno revisa los números. La garrafa social aumentó 37% el viernes 1° de febrero, pero la Secretaría de Energía congeló en $152 el subsidio por envase de 10 kilos. La garrafa ahora $295 en las plantas de distribuidoras, pero puede valer 50% más en los comercios. Así, una persona que pagaba $64 ahora tendrá que poner $143, es decir, 125% más. En todo el país, más de 2,8 familias dependen de las garrafas para tener gas en el hogar.

Por su parte, el Ministerio de Educación lanzó a principios de febrero la convocatoria para obtener las becas Progresar para aquellos que cursen niveles de educación superior o quieran terminar las instancias de formación obligatoria. La cartera subsidiará a los alumnos con los montos establecidos hace un año atrás, es decir, entre $1250 y $4900 mensuales, para estudiantes de carreras consideradas 'estratégicas'.

Ahora, el Gobierno avanza con la 'transparencia' de las pensiones con contributivas para el millón de personas que accedieron por invalidez laboral.

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